La responsabilidad administrativa se refiere a la obligación que tienen los servidores públicos de cumplir con las normas y leyes en el ejercicio de sus funciones. Cuando un funcionario no actúa conforme a estas regulaciones, puede ser sancionado administrativamente, lo que implica la posibilidad de multas, suspensión o destitución. Este concepto es fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. La responsabilidad administrativa busca proteger el interés público y asegurar que los recursos del Estado se utilicen de manera adecuada y eficiente, promoviendo así la confianza de la ciudadanía en las instituciones.