El derecho en Honduras se basa en un sistema legal que incluye la Constitución de 1982, leyes nacionales y tratados internacionales. Este marco legal establece los derechos y deberes de los ciudadanos, así como la organización del Estado. La Corte Suprema de Justicia es la máxima autoridad judicial y se encarga de interpretar la ley. El sistema judicial hondureño enfrenta desafíos como la corrupción y la impunidad. A pesar de estos problemas, existen instituciones como el Ministerio Público y la Comisión Nacional de Derechos Humanos que trabajan para promover la justicia y proteger los derechos humanos en el país.